Colombia quiere volver a fumigar cultivos de coca desde avionetas. Esta vez la palabra de moda no es glifosato: es glufosinato de amonio. En agosto de 2026, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó un piloto de aspersión aérea con este herbicida por hasta 1.000 hectáreas y durante máximo siete días. Oficialmente es un experimento para medir eficacia y riesgos.
Sabemos que ha sido el talante de este gobierno no hacer empalmes, y tal vez por eso se les olvidó revisar ciertos datos. Pero, acá les vamos a ayudar y si esto corresponde a un experimento, miremos los resultados. Llevamos décadas fumigando y la coca, poco impresionada por nuestra perseverancia, sigue ahí.
Un estudio publicado en The World Bank Economic Review, utilizando una estrategia cuasiexperimental, estimó que fumigar una hectárea reduce apenas entre 0,022 y 0,03 hectáreas netas de coca. Es decir que para conseguir una hectárea neta menos hay que asperjar entre 33 y 45 hectáreas. La explicación incluye resiembra y desplazamiento de cultivos. La planta puede morir; el mercado aprende, se mueve y vuelve a sembrar. Una política pública que necesita hacer 45 para conseguir 1 merece, como mínimo, una calculadora antes que otra avioneta.
La historia tampoco ayuda. Entre 2002 y 2007 Colombia asperjó unas 855.588 hectáreas de coca. Según las estimaciones estadounidenses de cultivos utilizadas para esos años, Colombia pasó de aproximadamente 144.450 hectáreas cultivadas en 2002 a 167.000 en 2007: cerca de 15,6 % más. Esta comparación, por sí sola, no prueba que la fumigación haya causado el aumento, en ese periodo también hubo resiembra, desplazamiento de cultivos y muchos otros factores. Pero, si la ponemos junto a la evidencia econométrica, deja una pregunta difícil de esquivar: ¿cuántas veces hay que repetir una política para reconocer que fumigar más hectáreas no significa reducir de manera sostenida el mercado de la cocaína?
Ahora cambiamos glifosato por glufosinato de amonio, y el nombre nuevo tampoco viene con certificado de inocuidad. La clasificación recomendada de la OMS ubica al glufosinato-amonio en Clase II: moderadamente peligroso. En la Unión Europea su aprobación como pesticida expiró en 2018 después de que fuera retirada la solicitud de renovación, y tiene clasificación armonizada europea como tóxico para la reproducción, categoría 1B.
La Corte Constitucional ya había anticipado este truco semántico. En la Sentencia T-236 de 2017 advirtió que cambiar el ingrediente activo no convierte automáticamente una aspersión aérea en segura, un producto diferente puede tener riesgos diferentes e incluso mayores.
También está el bolsillo. Revisiones académicas citadas por CESED de la Universidad de los Andes han situado históricamente el costo de conseguir una hectárea efectivamente erradicada mediante aspersión alrededor de US$79.200 a US$108.000, frente a aproximadamente US$10.000 mediante programas de sustitución. Son estimaciones históricas y no el presupuesto del piloto de 2026, así que no corresponde presentarlas como el precio actual del glufosinato.Con esos rangos históricos, erradicar una hectárea neta mediante aspersión podría implicar un gasto aproximado de US$2,6 millones a US$4,9 millones, si se toma como referencia el extremo de 45 hectáreas fumigadas por cada hectárea efectivamente eliminada.
Y eso sin contar todos los costos en salud y en ambiente, que pueden ser mucho peores y recaer durante años sobre las comunidades, los trabajadores rurales, los ecosistemas y las fuentes de agua. Después de décadas de resultados limitados, resiembra y daños acumulados, la pregunta sigue abierta: ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Es porque funciona mejor o porque fumigar es un mejor negocio para quienes viven de los contratos, las avionetas y la guerra?
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