Por: Alejandra Campos
¿Desde cuándo llamar a una persona campesino resulta despectivo? El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propone reemplazar esa palabra por “productor rural” o “empresario del campo”; asimismo, la Agencia Nacional de Tierras, habría recomendado informalmente sustituir también “reforma agraria” por “acceso a tierras” o “formalización”. Aunque no se conoce una circular oficial que ordene esos cambios, la orientación inquieta: acaso en la administración pública, las palabras son simples adornos y no buscan identificar a los sujetos, delimitar las políticas y expresar las obligaciones del Estado.
El campesinado fue reconocido en 2023 como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Ese reconocimiento no cayó del cielo, recoge décadas de lucha por la tierra, el territorio y una identidad propia. El tránsito de denominaciones como “jornaleros”, “labriegos” o “trabajadores agrarios” hacia la palabra campesinos no fue una transformación meramente lingüística, sino una conquista social, política y jurídica. Reducirlos ahora a “empresarios” significa mirarlos únicamente por lo que producen y desconocer su cultura, su relación con la tierra y su papel en la construcción de paz.
El Gobierno tiene derecho a cambiar sus políticas, pero no a diluir mediante eufemismos un sujeto expresamente reconocido por la Constitución. Porque “acceso a tierras” no siempre significa reforma agraria y un campesino no es necesariamente un empresario. La verdadera dignificación no consiste en cambiarles el nombre, sino en garantizarles tierra, participación y condiciones para permanecer en sus territorios. Después de tantos años de lucha para ser reconocidos, ¿corremos ahora el riesgo de hacerlos desaparecer del lenguaje oficial?
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